Por: Ochar G. Santana.
Santo Domingo: Después de los hechos escenificado por Sobeida, a los dominicanos les vendría bien que las autoridades nacionales mostraran más severidad en la persecución del crimen organizado, ya que se ha demostrado que el narcotráfico tiene un gran poder en las instituciones de control y persecución del crimen. Ademas de los recurrentes y simples “uniformados” envueltos en lo muy repetidos casos de atracos y los tumbes de drogas, tambien estan presentes la sugerente vinculación de elementos poderosos en las redes de narcotráfico.
La información que fuera escrita el viernes por El Nacional, de que 22 oficiales superiores forman parte de un paquete de 37 miembros de instituciones armadas detenidos, de ellos cuatro oficiales por sus supuestas relaciones con José Figueroa Agosto, dan una idea de la dimensión de la profundidad del crimen en las organizaciones que existen y deberían combatirlo.
Las declaraciones son muy variadas, y van desde “relaciones” o amistad de oficiales superiores con criminales, como el particular caso publicado por el semanario Clave el pasado jueves, en el que se destaca la cercanía del jefe de la Policía, general Guillermo Guzmán Fermín, con Arturo del Tiempo Marqués, hasta versiones no afirmadas con datos creíbles pero preocupantes, que expresan demasiado como para que el Estado dominicano o su principal responsable se den por enterados.
Sería prolija la enumeración de sucesos escandalosos, como el desmantelamiento de la dotación policial de Puerto Plata a inicios de año, por la vinculación de la mayoría de sus miembros con criminales, las destituciones de agentes de la Dirección de Control de Drogas en Samaná, en San José de Ocoa, en Boca Chica o la misma Puerto Plata, o el escándalo de la Marina de Guerra, donde oficiales importantes, cercanos a la Jefatura de ese cuerpo policial, estaban envueltos en la matanza de Paya. Todo eso sería más que suficiente para que el poder político gobernante comprenda que las acciones del Estado tienen que ir más allá de la advertencia de que en el caso de Figueroa Agosto, por ejemplo, “no existiran vacas sagradas”.
Lo interesante es, que la población percibe que hay vacas sagradas a las cuales no se terminan de aclarar.
Se trata de la seguridad del Estado y de la Nación. De la defensa del país frente al crimen mundial que nadie sabe qué detiene al poder político para atacar sus raíces.
Existen otros países donde la penetración del crimen en sus instituciones les ha costado muy cara y la sufren desde quienes dirigen la represión, los funcionarios del Estado, que auspician las políticas públicas contra la criminalidad y la población civil, incluiyendos los actores sociales víctimas de la violencia cada vez más generalizada. La historia de Colombia es bastante gráfica y lo que ocurre en México es tremendamente abrumador.
La República Dominicana está a tiempo, para acabar de raíz la penetración de sus instituciones y más que discursos inútiles, se requiere de voluntad tan fuerte como sea posible de declarar la guerra total al crimen, una guerra que conlleva una verdadera profilaxis desde lo interno de todas organizaciones involucradas.
ACCIÓN Y VOLUNTAD
El presidente Fernández Reina, a juzgar por sus discursos, está sumamente consciente de la gravedad del narcotráfico,el cual ha sostenido que es una amenaza para la gobernabilidad. En su reciente visita a Washington,, el pasado 12 de julio, expresó que el incremento de la violencia generada por el narcotráfico en América Latina requiere de urgente atención.
Sostuvo que debe establecerse una nueva legislación y medidas de control, mayor cooperación entre Estados Unidos y América Latina, en el entendimiento de que el negocio de la droga es de 36 mil millones de dólares al año, y los principales demandantes están en Norteamérica.
El madatario sugiere la celebración de una cumbre en el país, con los principales líderes de Colombia, Venezuela, México y Estados Unidos.
Partiendo de la perspectiva regional, es evidente que deben realizarse esfuerzos unidos, pero cada país debe hacer su trabajo, reconociendo la realidad de que el crimen organizado afecta la seguridad ciudadana y la gobernabilidad. En República Dominicana se han adoptado medidas, pero aparentemente no han resultado eficiente.
En 2006 fue creado el Centro de Coordinación de Inteligencia, para incluir al DNI en la persecución de las drogas, y las Fuerzas Armadas también han sido incluída , pero más que avances, el país va en retrocesos y cada vez ,más oficiales estan involucrados en el crimen, como esos que se investigan en la Secretaría y que aun nadie sabe quiénes son.
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